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Delito de administración desleal

Abogados especialistas en delitos de administración desleal.

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El delito de administración desleal en el Código Penal.

El delito de administración desleal ha experimentado una profunda modificación como consecuencia de la reforma del Código Penal operada mediante la Ley Orgánica 1/2015.

De esta manera, mientras que con el Código Penal de 1995 la administración desleal constituía un delito societario que solamente podía ser cometido por los administradores de sociedades, con el nuevo Código Penal de 2015 el delito se configura como un delito contra el patrimonio que puede ser cometido por cualquier persona que tenga encomendada la administración de un patrimonio ajeno.

Teniendo en cuenta esta nueva configuración del delito de administración desleal, podemos señalar que las principales novedades respecto a la regulación anterior, son las siguientes:

  • El sujeto activo del delito podrá ser cualquier persona que tenga designada una función de administración del patrimonio ajeno, con independencia de la denominación del cargo (administrador, gestor, representante, mandatario, apoderado, tutor, albacea, curador, etc).
  • La conducta delictiva consiste en infringir las facultades para administrar un patrimonio ajeno, lo que cabe entender como la infracción de los deberes y obligaciones que hayan sido encomendadas al administrador patrimonial.
  • Asimismo, se debe producir un resultado de perjuicio patrimonial, lo que se traduce no solamente en una reducción del activo, sino también en la frustración del fin perseguido al bien o valor conforme a la decisión de sus titulares.
  • Por último, desde un punto de vista subjetivo, el delito solamente puede ser cometido de forma dolosa (esto es, intencional), sin que quepa la posibilidad de cometerlo mediante una conducta de carácter imprudente.

El Código Penal establece para el delito de administración desleal una pena de prisión de seis meses a tres años en el supuesto de que la cuantía del perjuicio patrimonial supere los 500 euros, y no concurra ninguna de las circunstancias agravantes reguladas en el artículo 250 (p.ej., que el valor de la defraudación supere los 50.000 euros, o afecte a un elevado número de personas). Si el perjuicio patrimonial es inferior a los 500 euros, la pena que se establece es de multa de uno a tres meses.