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Delito de corrupción entre particulares

Abogados especialistas en delitos de corrupción entre particulares.

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El delito de corrupción entre particulares en el Código Penal.

El delito de corrupción entre particulares fue introducido en el Código Penal mediante la reforma operada por la Ley Orgánica 5/2010, lo que ha conllevado que, por primera vez en nuestro Ordenamiento jurídico, se haya tipificado penalmente la figura tradicional del cohecho al ámbito de las empresas privadas.

Según dispone el artículo 286 bis del Código Penal, cometerá el delito de corrupción privada el que prometa, ofrezca o conceda a directivos, administradores, empleados o colaboradores de una empresa, un beneficio o ventaja no justificados para que le favorezca indebidamente a él o a un tercero frente a otros en la adquisición o venta de mercancías, contratación de servicios o en las relaciones comerciales.

Asimismo, también cometerá este delito el que solicite, reciba o acepte un beneficio o ventaja no justificados, para favorecer al que se lo ofrece frente a terceros, lo que comporta que, en la actualidad, el Código Penal tipifique como delito tanto las conductas constitutivas de “corrupción activa”, como “corrupción pasiva”.

El legislador penal considera que estos comportamientos provocan la distorsión de la competencia, por lo que, mediante la regulación de este delito, pretende asegurar la leal competencia entre las empresas y que la concurrencia entre ellas se desarrolle de manera equitativa y honesta.

Las penas que contempla el Código Penal para este delito consisten en prisión de seis meses a cuatro años, inhabilitación especial para el ejercicio de industria o comercio por tiempo de uno a seis años y multa del tanto al triplo del valor del beneficio o ventaja; si bien los jueces y tribunales podrán imponer la pena inferior en grado y reducir la multa en atención al beneficio o valor de la ventaja, así como a las funciones del responsable.

Como en otros delitos regulados en el Código Penal, el delito de corrupción entre particulares puede conllevar la declaración de responsabilidad penal de la persona jurídica en cuyo seno se haya cometido el delito, siempre que se cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 31 bis del Código Penal.