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Delito fiscal

Abogados especialistas en delito fiscal.

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El delito fiscal en el Códido Penal.

El delito fiscal es cometido por el que, por acción u omisión, defrauda a la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local, eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta, obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando de beneficios fiscales de la misma forma, siempre que la cuantía de la cuota defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o ingresos a cuenta o de las devoluciones o beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados exceda de ciento veinte mil euros.

El Código Penal sanciona este delito, en su tipo básico, con la pena de prisión de uno a cinco años, multa del tanto al séxtuplo de la cuantía defraudada y la posibilidad de perder la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o  incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un período de tres a seis.

El Código Penal, asimismo, regula los siguientes supuestos agravados de delito fiscal, sancionados con una pena de dos a cinco años de prisión y multa del doble al séxtuplo de la cuota defraudada:

  • La cuantía de la cuota defraudada sea superior a seiscientos mil euros.
  • La defraudación se haya cometido en el seno de una organización o grupo criminal.
  • Cuando la utilización de personas o jurídicas sin personalidad jurídica interpuestas y/o negocios o instrumentos fiduciarios o paraísos fiscales, oculte o dificulte la determinación de la identidad del obligado tributario o del responsable del delito, la determinación de la cuantía defraudada o del patrimonio del obligado tributario o del responsable del delito.

Es importante destacar que el Código Penal establece que quedará exento de responsabilidad penal aquella persona que regularice su situación tributaria procediendo al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria, antes de que la Administración Tributaria le haya notificado el inicio de actuaciones de comprobación o investigación tendentes a la determinación de las deudas tributarias objeto de la regularización o, en el caso de que estas actuaciones no se hubieran producido, antes de que se interponga querella contra él, o el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realice actuaciones que le permitan tener conocimiento de las diligencias.