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Delitos contra la Seguridad Social.

Abogados especialistas en delitos contra la Seguridad Social.

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Los delitos contra la Seguridad Social en el Código Penal.

El delito contra la Seguridad Social se comete por quien, por acción y omisión, defraude a la Seguridad Social eludiendo el pago de las cuotas de ésta y conceptos de recaudación conjunta, o disfrutando de deducciones indebidas por cualquier concepto, siempre que la cuantía supere los cincuenta mil euros.

En estos supuestos, el Código Penal contempla una pena de prisión de uno a cinco años, multa del tanto al séxtuplo de la cuantía defraudada, así como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años.

Por su parte, el artículo 307 bis del Código Penal eleva la pena máxima a seis años de prisión en los siguientes supuestos:

  • La cuantía defraudada exceda de ciento veinte mil euros.
  • La defraudación se haya cometido en el seno de una organización o de un grupo criminal.
  • Cuando la utilización de personas físicas o jurídicas sin personalidad jurídica interpuestas y/o negocios o instrumentos fiduciarios o paraísos fiscales, oculte o dificulte la determinación de la identidad del obligado frente a la Seguridad Social o del responsable del delito, la determinación de la cuantía defraudada o del patrimonio del obligado frente a la Seguridad Social o del responsable del delito.

Por otro lado, el artículo 307 ter CP castiga con la pena de seis meses a tres años de prisión y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años a quien obtenga, para sí o para otro, el disfrute de prestaciones del Sistema de la Seguridad Social, la prolongación indebida del mismo, o facilite a otros su obtención, por medio del error provocado mediante la simulación o tergiversación de hechos, o la ocultación consciente de hechos de los que tenía el deber de informar, causando con ello un perjuicio a la Administración Pública.

En este supuesto, si el valor de las prestaciones supera los 50.000 Euros, o concurren otras circunstancias agravantes, la pena de prisión será de dos a seis años y multa del tanto al séxtuplo.

En consecuencia, mediante la actual regulación de los delitos contra la Seguridad Social, prácticas como la simulación de un contrato de trabajo y un despido posterior, con el único objeto de obtener el trabajador la prestación por desempleo, o estar trabajando mientras se cobra la prestación por desempleo, pueden constituir delito castigado hasta con tres años de prisión siempre que la prestación indebidamente obtenida no supere los 50.000 Euros, dado que, si se supera esta cantidad, la pena de prisión podría alcanzar los seis años.