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Delitos de falsedad documental.

El delito de falsedad documental consiste en la creación, modificación o alteración de un documento jurídicamente protegido, con intención de que surta efectos como si fuera auténtico.

El bien jurídico protegido por el delito es la confianza, seguridad y fluidez del tráfico jurídico y la propia funcionalidad social del documento, que va más allá de su consideración procesal como medio de prueba, siendo las funciones esenciales de los documentos las de perpetuación -fija la manifestación de voluntad de alguien-, probatoria -permite probarla- y de garantía -identifica al autor de la declaración de voluntad-.

El delito de falsedad documental (que puede darse en documentos mercantiles, públicos u oficiales) requiere la concurrencia de los requisitos siguientes:

  1. Un elemento objetivo o material, consistente en la mutación de la verdad por medio de alguna de las conductas tipificadas en la norma penal.
  2. Que dicha “mutatio veritatis” afecte a elementos esenciales del documento y tenga suficiente entidad para afectar a la normal eficacia del mismo en las relaciones jurídicas (de ahí que para parte de la doctrina no pueda apreciarse la existencia de falsedad documental cuando la finalidad perseguida por el agente sea inocua o carezca de toda potencialidad lesiva).
  3. Un elemento subjetivo, consistente en la concurrencia de un dolo falsario (esto es, la concurrencia de la conciencia y voluntad de alterar la realidad).
  4. La concurrencia de la antijuridicidad material, de tal modo que, para la existencia de la falsedad documental, no basta una conducta objetivamente típica, sino que es preciso también que la “mutatio veritatis”, en que materialmente consiste todo tipo de falsedad documental, varíe la esencia, la sustancia o la genuinidad del hecho al que se refiere en sus extremos esenciales.